Árboles, escudo natural que nos libra del calor
Por Carlos Checo Estella
Las comunidades han levantado la voz de alarma ante la tala
indiscriminada de árboles que se registra en distintos puntos de la República
Dominicana. El más reciente episodio ocurre en el sector Jardines del Norte, en
el Distrito Nacional, donde residentes rechazan la eliminación de más de 10 mil
metros cuadrados de área verde para ampliar la avenida Los Próceres, frente al
Jardín Botánico Nacional.
Las ciudades enfrentan cada vez con mayor intensidad los
efectos de la contaminación atmosférica, las islas de calor y la pérdida de
biodiversidad. Esta realidad obliga a las autoridades a desarrollar políticas
eficaces de mitigación y adaptación que mejoren la calidad del aire, protejan
la salud pública y preserven el patrimonio natural.
El Distrito Nacional experimenta un preocupante retroceso de
sus áreas verdes. Con una extensión de 91.58 kilómetros cuadrados y una
población superior al millón de habitantes, el déficit de árboles se ha
agravado por el acelerado crecimiento urbano y la expansión vertical de la
ciudad. Las viviendas con patios y jardines han sido sustituidas por edificios
de apartamentos y grandes desarrollos inmobiliarios, reduciendo
significativamente la cobertura vegetal.
Aunque existe una normativa municipal que regula el arbolado
urbano, prohíbe la tala indiscriminada y exige permisos para la poda y el corte
de árboles, la realidad demuestra que su aplicación ha sido insuficiente.
En las últimas décadas, la expansión de las edificaciones en
el Gran Santo Domingo ha reducido considerablemente los espacios naturales
disponibles.
Diversos estudios estiman que la cobertura arbórea del
Distrito Nacional ronda apenas el 15 % de su territorio, muy por debajo de los
niveles recomendados para ciudades con bosques urbanos saludables. Una ciudad
sostenible debe aspirar a una cobertura de al menos 30% de masa arbórea en cada barrio.
Esta situación incrementa las temperaturas, disminuye la
calidad ambiental y afecta directamente la salud y el bienestar de la
población.
Especialistas en silvicultura urbana, como Cecil
Konijnendijk, promueven la conocida regla 3-30-300: que desde cada vivienda se pueda
observar al menos tres árboles, que los barrios cuenten con un mínimo de 30 % de
cobertura arbórea y que toda persona tenga acceso, a menos de 300 metros de su
hogar, a un parque o espacio verde de calidad.
La distribución del arbolado en Santo Domingo, además, es
profundamente desigual. Mientras algunos sectores disfrutan de calles arboladas
y parques bien conservados, otros sobreviven prácticamente sin sombra ni
espacios públicos verdes, profundizando las desigualdades ambientales.
En 2021, la Alcaldía del Distrito Nacional, junto con el
Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico Nacional, INTEC, Grupo
Jaragua, y otras instituciones, lanzó el Plan de Arbolado Urbano "Siembra
tu Ciudad", con el propósito de fortalecer la infraestructura verde de la
capital.
Durante su presentación se proclamó la aspiración de
construir una ciudad con un ambiente sano, espacios verdes seguros y una
gestión compartida entre las instituciones públicas, el sector privado y la
ciudadanía.
Sin embargo, la realidad demuestra que los resultados han
sido limitados. Basta observar la pequeña área protegida del sector Palma Real,
hoy convertida en un espacio degradado, invadido por escombros, basura y
afectado por quemas provocadas. Las denuncias dirigidas a autoridades
municipales, instituciones ambientales, universidades, partidos políticos y
regidores no han logrado detener su deterioro.
Ese abandono refleja una problemática nacional. Los
ayuntamientos, responsables de proteger y administrar el arbolado urbano, no
están cumpliendo plenamente con su obligación de conservar este patrimonio
ambiental, indispensable para regular la temperatura, mejorar la calidad del
aire, proteger la biodiversidad y garantizar una mejor calidad de vida.
El calor que hoy soportan nuestras ciudades tiene una
explicación sencilla: faltan árboles. Cada árbol talado representa menos
sombra. Menos agua, menos diversidad y más calor para todos.
La débil institucionalidad y una visión patrimonialista del poder
continúan atentando contra la seguridad ambiental y el desarrollo sostenible
del país.
República Dominicana necesita que la Constitución, las leyes
ambientales y los planes de ordenamiento territorial dejen de ser simples
declaraciones y se conviertan en acciones concretas.
Proteger los árboles no es un lujo paisajístico. Es una
obligación con la salud pública, con las futuras generaciones y con el derecho
de todos los dominicanos a vivir en ciudades más frescas, saludables y
resilientes