Democracia e institucionalidad: bases del desarrollo simétrico

 

Democracia e institucionalidad: bases del desarrollo simétrico

Carlos checo Estrella

Transcurrido ya un cuarto del siglo XXI, República Dominicana continúa enfrentando problemas estructurales que limitan sus posibilidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo.

La pobreza, la desigualdad social y territorial y la distribución inequitativa de las oportunidades siguen siendo expresiones de una debilidad institucional que el país no ha logrado superar plenamente.

A 62 años del final de la dictadura, continúa pendiente la tarea histórica de consolidar plenamente la democracia, fortalecer el Estado de derecho y construir instituciones capaces de hacer que la ley prevalezca de manera constante por encima de intereses particulares, coyunturales o de turno.

Una democracia se consolida cuando las instituciones funcionan, cuando las leyes se cumplen, cuando los ciudadanos tienen garantizados sus derechos y cuando el Estado actúa para procurar el bien común.

La debilidad institucional tiene consecuencias concretas sobre la vida de la población. Una sociedad que no logra acumular el capital humano necesario para crecer con equidad termina reproduciendo sus propias desigualdades.

Persisten carencias que demandan políticas públicas eficaces y sostenidas: alimentación adecuada, acceso al agua potable, suministro confiable de electricidad, viviendas dignas, educación de calidad, salud integral, seguridad ciudadana, empleo y protección social.

Factores estructurales y políticas públicas equivocadas continúan dificultando que República Dominicana pueda superar con mayor rapidez sus vulnerabilidades y convertir el crecimiento económico en bienestar general.

En las últimas décadas, el país ha avanzado en la construcción de un marco jurídico destinado a orientar la acción del Estado hacia el desarrollo. La Constitución de 2010, la creación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (inexplicablemente abolido), la Estrategia Nacional de Desarrollo y la legislación ambiental constituyen instrumentos fundamentales para ordenar las políticas públicas y establecer responsabilidades institucionales.

La Constitución de 2010 dio un paso trascendental al definir a República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho.

El Estado Social y Democrático de Derecho coloca la dignidad humana en el centro de la acción pública.

Obliga a los poderes públicos a proteger los derechos fundamentales, promover la igualdad real, garantizar el acceso a servicios esenciales y someter el ejercicio del poder a la Constitución y las leyes.

El Estado no puede limitarse a garantizar libertades formales mientras grandes sectores de la población carecen de las condiciones materiales indispensables para ejercerlas plenamente. La democracia política pierde contenido cuando la desigualdad económica y social restringe las posibilidades reales de participación y progreso.

De ahí que gobernar bajo un Estado Social y Democrático de Derecho implique asumir responsabilidades concretas frente a la pobreza, la exclusión y la marginalidad.

Las sociedades que alcanzan mayores niveles de prosperidad son aquellas que construyen instituciones inclusivas, que permiten a la mayoría participar en la economía y en la vida política, acceder a oportunidades y desarrollar sus capacidades. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, restringen las oportunidades de las mayorías y terminan reproduciendo ciclos de pobreza, exclusión y estancamiento.

La existencia de instituciones extractivas resulta incompatible con el propósito constitucional de construir un Estado Social y Democrático de Derecho.

Por eso es imperativo establecer mecanismos efectivos de responsabilidad institucional dentro del gobierno y orientar el gasto público hacia la satisfacción material de los derechos sociales: vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social y otros derechos fundamentales.

El presupuesto público debe ser una herramienta de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades.

El crecimiento económico sostenido y la elevación del nivel de vida de los ciudadanos requieren instituciones sólidas, transparentes e inclusivas.

No puede existir desarrollo equilibrado si unas regiones concentran oportunidades mientras otras permanecen rezagadas. La inequidad territorial es también una forma de desigualdad social.

Por ello resulta indispensable mejorar la asignación de recursos públicos hacia las comunidades y regiones con mayores necesidades, para fortalecer las capacidades locales y crear las condiciones para que el desarrollo no se concentre exclusivamente en determinados territorios.

La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye uno de los principales instrumentos de planificación del país. Define una visión de nación orientada hacia el año 2030 y plantea objetivos vinculados con la prosperidad, la democracia participativa, la justicia social, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Resulta difícil comprender que, teniendo el país un instrumento de esta naturaleza, muchas decisiones públicas continúen respondiendo a la improvisación, a la coyuntura política o a intereses particulares.

La planificación debe convertirse en política de Estado.

No hay razón para seguir desconociendo el valor de la Estrategia Nacional de Desarrollo como instrumento para orientar las decisiones nacionales hacia el bienestar colectivo.

República Dominicana necesita transformar su modelo de desarrollo para hacerlo más incluyente, generador de igualdad de oportunidades y respetuoso del medio ambiente.

Gobernar debe ser un acto consciente de servicio público.

El ejercicio del poder debe estar orientado a construir bienestar, fortalecer las instituciones y reducir las asimetrías existentes entre ciudadanos, comunidades y regiones. Fortalecerlas significa cumplir la Constitución y las leyes; hacer funcionar las instituciones; garantizar derechos; combatir la corrupción y la impunidad; planificar el desarrollo; utilizar responsablemente los recursos públicos y gobernar para el bienestar general.

República Dominicana tiene ante sí el desafío de convertir el crecimiento económico en desarrollo humano, y el desarrollo e bienestar compartido.

Para lograrlo, debemos corregir las asimetrías, enfrentar decididamente la pobreza y la desigualdad y construir instituciones que amplíen, y no restrinjan, las oportunidades.

El país necesita instituciones que funcionen, una democracia que se profundice y políticas públicas que coloquen a las personas en el centro de las decisiones.

Porque, en definitiva, la institucionalidad y la democracia no son fines separados del desarrollo: son las bases sobre las cuales puede construirse un desarrollo verdaderamente simétrico, inclusivo y sostenible