Alianza Cibaeña: 142 años construyendo Patria

 Alianza Cibaeña: 142 años construyendo Patria

Por Carlos Checo Estrella

Durante 142 años, la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña ha sido un faro de luz intelectual, un espacio de encuentro, diálogo y reflexión, dedicado a divulgar el pensamiento, promover el debate y acercar el conocimiento a la ciudadanía. Su trayectoria la ha convertido en un referente cultural e intelectual de Santiago y de toda la región del Cibao.

Nacida el 22 de agosto de 1884, la Alianza Cibaeña surgió con una visión muy avanzada para su época: fomentar la instrucción pública, cultivar el conocimiento, promover la lectura y contribuir a la formación intelectual y moral de la ciudadanía.

Su creación estuvo vinculada al interés de Eugenio Deschamps por establecer una entidad capaz de elevar el nivel cultural de quienes, por sus condiciones económicas y sociales, estaban alejados de las posibilidades de acceder al conocimiento. 

Junto a Onofre de Lora, Miguel Gelabert e Inocencio Fernández, impulsó una institución concebida como un espacio democrático, abierto especialmente a obreros y sectores humildes que permanecían marginados de los círculos culturales y educativos reservados a las élites.

Desde sus orígenes, la Alianza Cibaeña entendió que el acceso a los libros, la educación y las ideas constituía una herramienta fundamental para construir una ciudadanía libre, consciente y comprometida con el destino de la nación.

La permanencia de sus ideales durante casi siglo y medio constituye uno de sus mayores méritos. En 2024, la institución fue declarada por el Consejo de Regidores de Santiago, Patrimonio Cultural de Santiago, reconocimiento que confirma la trascendencia de sus aportes a la vida cultural, educativa e intelectual de la ciudad y del Cibao.

A lo largo de estos 142 años, su Salón de Actos ha sido escenario de conferencias, debates, encuentros, presentaciones artísticas y numerosas actividades que han contribuido a dinamizar la vida cultural santiaguesa.

Su biblioteca constituye, igualmente, uno de sus principales legados. La existencia de una amplia sala de lectura y de una colección bibliográfica que abarca diversos campos del saber ha permitido que estudiantes, investigadores y ciudadanos encuentren allí un espacio apropiado para el estudio, la lectura y la búsqueda del conocimiento.

La institución también ha desarrollado programas de animación sociocultural orientados a promover el arte y la cultura mediante cursos, talleres, seminarios, conferencias, recitales, conciertos y publicaciones. A esto se suma su labor de reconocer y distinguir a personas e instituciones destacadas en los ámbitos académico, artístico, científico y cultural.

Los objetivos de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña mantienen plena vigencia: difundir la cultura en todas sus manifestaciones; preservar una biblioteca pública; desarrollar programas de formación cultural y científica, y reconocer a quienes realizan aportes significativos al conocimiento y a la cultura.

Esta misión adquiere especial importancia en una sociedad donde las desigualdades económicas todavía condicionan el acceso a la educación y a los bienes culturales.

Por eso, la Alianza Cibaeña representa una concepción de la cultura como derecho y como instrumento de transformación social. Su historia demuestra que una biblioteca, una sala de lectura, una conferencia o un espacio para el debate pueden tener una enorme incidencia en la formación de ciudadanos y en el fortalecimiento de la democracia.

La Alianza Cibaeña ha tenido la extraordinaria capacidad de sobrevivir a diferentes épocas, crisis políticas, transformaciones sociales y dificultades económicas. Sin embargo, esa capacidad de resistencia no debe confundirse con la ausencia de necesidades.

Una institución centenaria que presta servicios culturales, mantiene una biblioteca, conserva un patrimonio histórico y desarrolla actividades educativas necesita condiciones económicas que garanticen su permanencia.

La sostenibilidad económica debe convertirse, por tanto, en una prioridad para asegurar el futuro de la Alianza Cibaeña. Se trata de garantizar la continuidad de un proyecto cultural que pertenece a Santiago y que, por su trayectoria, forma parte del patrimonio intelectual de la República Dominicana.

El Estado, el sector privado, las instituciones académicas, las organizaciones culturales y la propia sociedad santiagués tienen razones suficientes para contribuir a su fortalecimiento. 

La cultura no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de quienes administran las instituciones ni de esfuerzos económicos limitados.

La verdadera grandeza de la Alianza Cibaeña está en que su misión continúa siendo necesaria. En tiempos de cambios tecnológicos, desinformación y debilitamiento de los espacios de diálogo, la existencia de instituciones dedicadas al conocimiento, la lectura, el pensamiento crítico y la cultura adquiere todavía mayor importancia.

Preservar la Alianza Cibaeña es defender una institución que puede seguir desempeñando un papel fundamental en el presente y en el futuro.

Ciento cuarenta y dos años después de su fundación, aquella idea de Eugenio Deschamps y sus compañeros mantiene intacta su vigencia: el conocimiento debe estar al alcance de todos y la cultura debe servir para formar ciudadanos más libres, conscientes y comprometidos con su sociedad

La Alianza Cibaeña ha sido un faro durante 142 años. 

El desafío ahora es garantizar que esa luz no se apague y que pueda continuar iluminando a las nuevas generaciones de Santiago, del Cibao y de toda República Dominicana.

Mejorar el riego para ampliar frontera agrícola

 

Por Ing. Carlos Checo Estrella

El agua es un insumo fundamental para la producción agrícola y desempeña un rol importante en la seguridad alimentaria.

 Está comprobado que el riego controlado genera mejores cosechas. Un riego adecuado aporta la cantidad de agua necesaria en el momento en el que el cultivo la demanda.

 La productividad de los terrenos bajo riego es tres veces superior que la agricultura en secano. Cuando el riego es tecnificado la productividad es cinco veces superior.

 El riego comenzó aproximadamente en el año 6,000 a.C. en Egipto y Mesopotamia. El primer gran proyecto de irrigación tuvo lugar en Egipto, alrededor del 3,100 a.C. con la construcción de presas y canales para desviar las aguas de la inundación del Nilo hacia un lago artificial llamado Moeris. Canales similares también existían en la América precolombina, Siria, China e India.

 El desarrollo del riego en la República Dominicana comenzó a finales del siglo XIX con la construcción de los canales de Juan Caballero, Luis Bogaert y Santana, y el proyecto Manzanillo.

El 8 de abril de 1965, se creó la Secretaría de Estado de Recursos Hidráulicos, fusionando la Dirección General de Riego de la Secretaría de Estado de Agricultura y la Comisión Nacional de Irrigación, Fuerza y Control de Ríos (CONAIF).

 El 8 de septiembre se promulgó la Ley N.º 6 de 1965, que creó el INDRHI, como máxima autoridad nacional sobre las aguas del país, con prerrogativas de controlar y regular el uso de las aguas (artículo 4 de Ley N.º 6 de 1965).

 La Red Hidrográfica Nacional está constituida por 97 ríos que desembocan en el mar, 556 afluentes que se unen a los anteriores, denominados afluentes secundarios y 1,197 afluentes terciarios, cuyas aguas nutren a los secundarios.

 La gestión del agua en la República Dominicana necesita un nuevo enfoque que ayude a enfrentar los retos del presente, con una proyección al mediano y largo plazo.

 La falta de mantenimiento de la infraestructura existente y el uso irracional del agua, así como la prevalencia de sistemas tradicionales de riego con baja eficiencia, imposibilitan un mejor aprovechamiento de las potencialidades de este bien.

República Dominicana en términos del balance hídrico climático, tiene una posición privilegiada, ya que la cantidad de agua aportada por las lluvias en nuestro país supera por mucho, a la media mundial, sin embargo, la distribución geográfica y estacional de las aguas no es homogénea en el territorio nacional.

 Uno de los retos más importantes es la definición de una política de gestión del agua a largo plazo en la que se integren las necesidades presentes y futuras, y sean integradas en un plan hidrológico nacional con un enfoque real de gestión integrada de recursos hídricos, a fin de garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible. Ha de ser un compromiso del Estado disponer de agua en calidad y cantidad adecuada y que ello constituya una responsabilidad inmediata.

 Solo el10% de los terrenos cultivados tienen riego tecnificado, por lo que es necesario un salto hacia un modelo de gestión en el cual se dé prioridad a la inversión no solo en infraestructura, sino en tecnificación educación y conservación.

 Las necesidades del sector riego se relacionan con la mejora de la eficiencia, la productividad y los aspectos organizativos.

 Expertos señalan que se deben buscar soluciones en el uso de mejores tecnologías para el funcionamiento eficiente de los sistemas de riego y promover los medios adecuados de ayuda financiera para que puedan ser adoptados por los usuarios, en general, propiciar políticas sostenibles que garanticen la disponibilidad futura del recurso agua para todos los usos y para todos los que la requieran.

 Actualmente, el país cuenta con 2,854.2 kilómetros de canales de riego, beneficiando a un total de 4,969,117 tareas de tierra.

 El 80% el agua aprovechable en República Dominicana, se usa en agricultura, de la cual se desperdicia un 70% debido a que los sistemas de riego tienen un nivel de eficiencia muy bajo.

 La inversión en sistema de riego tecnificados es un elemento fundamental para la ampliación y mejora de la infraestructura existente y consecuentemente, para elevar la productividad del sector agropecuario.

 Se debe trabajar en reducir los impactos negativos a los suelos agrícolas, como erosión y salinización, lo que disminuye la productividad de las tierras; mejorar la eficiencia, buscar soluciones en el uso de tecnologías y técnicas avanzadas.

 La protección, conservación, restauración de las cuencas hidrográficas y desarrollar un plan de restauración de ríos, constituyen acciones básicas para mantener el ciclo del agua y mitigar los efectos del cambio climático.

Democracia e institucionalidad: bases del desarrollo simétrico

 

Democracia e institucionalidad: bases del desarrollo simétrico

Carlos checo Estrella

Transcurrido ya un cuarto del siglo XXI, República Dominicana continúa enfrentando problemas estructurales que limitan sus posibilidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo.

La pobreza, la desigualdad social y territorial y la distribución inequitativa de las oportunidades siguen siendo expresiones de una debilidad institucional que el país no ha logrado superar plenamente.

A 62 años del final de la dictadura, continúa pendiente la tarea histórica de consolidar plenamente la democracia, fortalecer el Estado de derecho y construir instituciones capaces de hacer que la ley prevalezca de manera constante por encima de intereses particulares, coyunturales o de turno.

Una democracia se consolida cuando las instituciones funcionan, cuando las leyes se cumplen, cuando los ciudadanos tienen garantizados sus derechos y cuando el Estado actúa para procurar el bien común.

La debilidad institucional tiene consecuencias concretas sobre la vida de la población. Una sociedad que no logra acumular el capital humano necesario para crecer con equidad termina reproduciendo sus propias desigualdades.

Persisten carencias que demandan políticas públicas eficaces y sostenidas: alimentación adecuada, acceso al agua potable, suministro confiable de electricidad, viviendas dignas, educación de calidad, salud integral, seguridad ciudadana, empleo y protección social.

Factores estructurales y políticas públicas equivocadas continúan dificultando que República Dominicana pueda superar con mayor rapidez sus vulnerabilidades y convertir el crecimiento económico en bienestar general.

En las últimas décadas, el país ha avanzado en la construcción de un marco jurídico destinado a orientar la acción del Estado hacia el desarrollo. La Constitución de 2010, la creación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (inexplicablemente abolido), la Estrategia Nacional de Desarrollo y la legislación ambiental constituyen instrumentos fundamentales para ordenar las políticas públicas y establecer responsabilidades institucionales.

La Constitución de 2010 dio un paso trascendental al definir a República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho.

El Estado Social y Democrático de Derecho coloca la dignidad humana en el centro de la acción pública.

Obliga a los poderes públicos a proteger los derechos fundamentales, promover la igualdad real, garantizar el acceso a servicios esenciales y someter el ejercicio del poder a la Constitución y las leyes.

El Estado no puede limitarse a garantizar libertades formales mientras grandes sectores de la población carecen de las condiciones materiales indispensables para ejercerlas plenamente. La democracia política pierde contenido cuando la desigualdad económica y social restringe las posibilidades reales de participación y progreso.

De ahí que gobernar bajo un Estado Social y Democrático de Derecho implique asumir responsabilidades concretas frente a la pobreza, la exclusión y la marginalidad.

Las sociedades que alcanzan mayores niveles de prosperidad son aquellas que construyen instituciones inclusivas, que permiten a la mayoría participar en la economía y en la vida política, acceder a oportunidades y desarrollar sus capacidades. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, restringen las oportunidades de las mayorías y terminan reproduciendo ciclos de pobreza, exclusión y estancamiento.

La existencia de instituciones extractivas resulta incompatible con el propósito constitucional de construir un Estado Social y Democrático de Derecho.

Por eso es imperativo establecer mecanismos efectivos de responsabilidad institucional dentro del gobierno y orientar el gasto público hacia la satisfacción material de los derechos sociales: vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social y otros derechos fundamentales.

El presupuesto público debe ser una herramienta de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades.

El crecimiento económico sostenido y la elevación del nivel de vida de los ciudadanos requieren instituciones sólidas, transparentes e inclusivas.

No puede existir desarrollo equilibrado si unas regiones concentran oportunidades mientras otras permanecen rezagadas. La inequidad territorial es también una forma de desigualdad social.

Por ello resulta indispensable mejorar la asignación de recursos públicos hacia las comunidades y regiones con mayores necesidades, para fortalecer las capacidades locales y crear las condiciones para que el desarrollo no se concentre exclusivamente en determinados territorios.

La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye uno de los principales instrumentos de planificación del país. Define una visión de nación orientada hacia el año 2030 y plantea objetivos vinculados con la prosperidad, la democracia participativa, la justicia social, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Resulta difícil comprender que, teniendo el país un instrumento de esta naturaleza, muchas decisiones públicas continúen respondiendo a la improvisación, a la coyuntura política o a intereses particulares.

La planificación debe convertirse en política de Estado.

No hay razón para seguir desconociendo el valor de la Estrategia Nacional de Desarrollo como instrumento para orientar las decisiones nacionales hacia el bienestar colectivo.

República Dominicana necesita transformar su modelo de desarrollo para hacerlo más incluyente, generador de igualdad de oportunidades y respetuoso del medio ambiente.

Gobernar debe ser un acto consciente de servicio público.

El ejercicio del poder debe estar orientado a construir bienestar, fortalecer las instituciones y reducir las asimetrías existentes entre ciudadanos, comunidades y regiones. Fortalecerlas significa cumplir la Constitución y las leyes; hacer funcionar las instituciones; garantizar derechos; combatir la corrupción y la impunidad; planificar el desarrollo; utilizar responsablemente los recursos públicos y gobernar para el bienestar general.

República Dominicana tiene ante sí el desafío de convertir el crecimiento económico en desarrollo humano, y el desarrollo e bienestar compartido.

Para lograrlo, debemos corregir las asimetrías, enfrentar decididamente la pobreza y la desigualdad y construir instituciones que amplíen, y no restrinjan, las oportunidades.

El país necesita instituciones que funcionen, una democracia que se profundice y políticas públicas que coloquen a las personas en el centro de las decisiones.

Porque, en definitiva, la institucionalidad y la democracia no son fines separados del desarrollo: son las bases sobre las cuales puede construirse un desarrollo verdaderamente simétrico, inclusivo y sostenible

 

Árboles, escudo natural que nos libra del calor

Árboles, escudo natural que nos libra del calor 

Por Carlos Checo Estella

Las comunidades han levantado la voz de alarma ante la tala indiscriminada de árboles que se registra en distintos puntos de la República Dominicana. El más reciente episodio ocurre en el sector Jardines del Norte, en el Distrito Nacional, donde residentes rechazan la eliminación de más de 10 mil metros cuadrados de área verde para ampliar la avenida Los Próceres, frente al Jardín Botánico Nacional.

Las ciudades enfrentan cada vez con mayor intensidad los efectos de la contaminación atmosférica, las islas de calor y la pérdida de biodiversidad. Esta realidad obliga a las autoridades a desarrollar políticas eficaces de mitigación y adaptación que mejoren la calidad del aire, protejan la salud pública y preserven el patrimonio natural.

El Distrito Nacional experimenta un preocupante retroceso de sus áreas verdes. Con una extensión de 91.58 kilómetros cuadrados y una población superior al millón de habitantes, el déficit de árboles se ha agravado por el acelerado crecimiento urbano y la expansión vertical de la ciudad. Las viviendas con patios y jardines han sido sustituidas por edificios de apartamentos y grandes desarrollos inmobiliarios, reduciendo significativamente la cobertura vegetal.

Aunque existe una normativa municipal que regula el arbolado urbano, prohíbe la tala indiscriminada y exige permisos para la poda y el corte de árboles, la realidad demuestra que su aplicación ha sido insuficiente.

En las últimas décadas, la expansión de las edificaciones en el Gran Santo Domingo ha reducido considerablemente los espacios naturales disponibles.

Diversos estudios estiman que la cobertura arbórea del Distrito Nacional ronda apenas el 15 % de su territorio, muy por debajo de los niveles recomendados para ciudades con bosques urbanos saludables. Una ciudad sostenible debe aspirar a una cobertura de al menos 30% de masa arbórea en cada barrio.

Esta situación incrementa las temperaturas, disminuye la calidad ambiental y afecta directamente la salud y el bienestar de la población.

Especialistas en silvicultura urbana, como Cecil Konijnendijk, promueven la conocida regla 3-30-300: que desde cada vivienda se pueda observar al menos tres árboles, que los barrios cuenten con un mínimo de 30 % de cobertura arbórea y que toda persona tenga acceso, a menos de 300 metros de su hogar, a un parque o espacio verde de calidad.

La distribución del arbolado en Santo Domingo, además, es profundamente desigual. Mientras algunos sectores disfrutan de calles arboladas y parques bien conservados, otros sobreviven prácticamente sin sombra ni espacios públicos verdes, profundizando las desigualdades ambientales.

En 2021, la Alcaldía del Distrito Nacional, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico Nacional, INTEC, Grupo Jaragua, y otras instituciones, lanzó el Plan de Arbolado Urbano "Siembra tu Ciudad", con el propósito de fortalecer la infraestructura verde de la capital.

Durante su presentación se proclamó la aspiración de construir una ciudad con un ambiente sano, espacios verdes seguros y una gestión compartida entre las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.

Sin embargo, la realidad demuestra que los resultados han sido limitados. Basta observar la pequeña área protegida del sector Palma Real, hoy convertida en un espacio degradado, invadido por escombros, basura y afectado por quemas provocadas. Las denuncias dirigidas a autoridades municipales, instituciones ambientales, universidades, partidos políticos y regidores no han logrado detener su deterioro.

Ese abandono refleja una problemática nacional. Los ayuntamientos, responsables de proteger y administrar el arbolado urbano, no están cumpliendo plenamente con su obligación de conservar este patrimonio ambiental, indispensable para regular la temperatura, mejorar la calidad del aire, proteger la biodiversidad y garantizar una mejor calidad de vida.

El calor que hoy soportan nuestras ciudades tiene una explicación sencilla: faltan árboles. Cada árbol talado representa menos sombra. Menos agua, menos diversidad y más calor para todos.

La débil institucionalidad y una visión patrimonialista del poder continúan atentando contra la seguridad ambiental y el desarrollo sostenible del país.

República Dominicana necesita que la Constitución, las leyes ambientales y los planes de ordenamiento territorial dejen de ser simples declaraciones y se conviertan en acciones concretas.

Proteger los árboles no es un lujo paisajístico. Es una obligación con la salud pública, con las futuras generaciones y con el derecho de todos los dominicanos a vivir en ciudades más frescas, saludables y resilientes

 

 

 

Réquiem por el Yaque del Norte

 

Réquiem por el Yaque del Norte

La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Laudato Si

 

Ing. Carlos Checo Estrella

Los ríos son parte esencial del relieve terrestre y una pieza decisiva del equilibrio de los ecosistemas. De ellos dependen la vida de innumerables especies, el funcionamiento de las cadenas alimenticias y la estabilidad ambiental de los territorios que atraviesan. Sin embargo, esos corredores naturales, que durante siglos sostuvieron la vida y el desarrollo de comunidades enteras, hoy enfrentan una amenaza creciente por el impacto de las actividades humanas.

En República Dominicana, la degradación de los ríos ha adquirido proporciones alarmantes.

La contaminación fisicoquímica provocada por vertidos industriales, desechos cloacales, acumulación de basura y el uso indiscriminado de plaguicidas agrícolas ha deteriorado gravemente sus aguas. A ello se suma la contaminación patógena y el progresivo encogimiento de caudales que antes eran abundantes y hoy apenas sobreviven, reducidos a corrientes intermitentes que aumentan solo en temporada de lluvias. En las últimas tres décadas, alrededor de 700 ríos, arroyos y cañadas han desaparecido en el país.

En ese escenario, el río Yaque del Norte se levanta como símbolo de una crisis ambiental que ya no admite indiferencia. Cada 25 de julio, cuando se conmemora el Día Nacional del Río Yaque del Norte, establecido mediante el Decreto 172-95, la fecha encuentra a este importante afluente enfrentando los mismos problemas de siempre: contaminación, abandono, depredación y una preocupante falta de voluntad para protegerlo.

El Yaque del Norte, el río más extenso de la República Dominicana y eje fundamental del desarrollo agrícola, energético y social del país, agoniza bajo el peso de la agresión humana y la negligencia institucional. Su degradación no es un asunto menor. Se trata de una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción de energía y la estabilidad económica de toda la región del Cibao y del país.

Con una longitud aproximada de 298 kilómetros, el Yaque nace en la Cordillera Central y recorre gran parte del Cibao hasta desembocar en la bahía de Montecristi. Su cuenca, de más de 6,800 kilómetros cuadrados, abarca las provincias Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Valverde y Dajabón.

Es una cuenca estratégica para la producción agrícola, el abastecimiento de agua potable, los sistemas de riego, la generación de energía en presas como Tavera, Bao y Monción, y la conservación de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos indispensables.

Pero ese patrimonio natural está siendo destruido a lo largo de su recorrido por múltiples focos de contaminación. En especial, el tramo que atraviesa la ciudad de Santiago de los Caballeros representa uno de los puntos más críticos de su deterioro. Allí, en apenas 10 kilómetros de área urbana, el río recibe el impacto de más de 20 empresas y 25 cañadas, además de grandes volúmenes de desperdicios industriales, desechos químicos y residuos domésticos arrojados por miles de familias asentadas en sus márgenes. La extracción indiscriminada de arena, grava y agua, sumada al crecimiento desordenado de asentamientos humanos, agrava todavía más la situación.

En este trayecto confluyen afluentes también severamente contaminados, como los ríos Gurabo, Pontezuela-Nibaje, Guazumal, Hoya del Caimito, Jacagua, Los Salados, Arroyo Hondo y la cañada Pastor, que forman parte del sistema hidrográfico de Santiago de los Caballeros y reflejan el nivel de deterioro ambiental que afecta a toda la zona.

Salvar el Yaque del Norte exige mucho más que discursos o conmemoraciones. Requiere un plan integral de restauración de bosques, fiscalización rigurosa de las descargas contaminantes, reordenamiento del uso de los suelos en las montañas y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en ciudades clave como Jarabacoa y Santiago. La recuperación debe concentrarse, de manera especial, en Santiago, donde se produce uno de los mayores puntos de quiebre en la salud del río.

Hace una década, el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago diseñó el proyecto Recuperación Urbana Ambiental del Río Yaque del Norte, conocido como “Vive el Yaque”, una propuesta que contempla, entre otros objetivos, el tratamiento del 100% de las aguas residuales y el ahorro de más del 60% del agua potable que hoy se pierde. Más recientemente.

El Decreto 57-18 declaró de alta prioridad la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la Cuenca del Río Yaque del Norte, es letra muerta y de la Comisión Presidencial para el ordenamiento y manejo, nada se sabe.

El Yaque continúa muriendo víctima de la agresión y de la indiferencia de una sociedad que no valora la vida y de unas autoridades que no han asumido, con seriedad, el mandato de construir bien común.

La recuperación del Yaque del Norte es posible, pero requiere decisión, responsabilidad y visión de país. Es urgente. Es necesaria. Y ya no puede esperar más.

Julio mes cargado Efemérides Patrias

 

Julio mes cargado Efemérides Patrias

 

El pueblo dominicano ha tenido que librar grandes batallas en el camino de consolidar su soberanía e independencia.

En 182 años de vida republicana, Los dominicanos hemos tenido y superado grandes amenazas a nuestras libertades y soberanía.

Las Efemérides Patrias señalan una serie de hechos históricos y culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad nacional.

Abren un espacio para rendir homenaje a quienes sirvieron a la causa de la Patria con denuedo, amor y compromiso.

Estas conmemoraciones han de ser un marco para reflexionar acerca de la trascendencia histórica y la importancia cívica de estos hechos y descubrir nuestro papel como ciudadanos y constructores de la patria.

El mes de julio está cargado de fechas gloriosas, de mucha significación en el devenir histórico de nuestro País. julio es el mes del año con mayor cantidad de fechas históricas relevantes en la historia de los dominicanos

Éste mes alberga hitos claves que consolidaron la soberanía y la identidad nacional.

En este mes nacieron la Segunda y la Tercera República, fue fundada la Sociedad La Trinitaria, murieron los Padres de la Patria Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. Nacen el poeta Emilio Prud´Homme y la luchadora por la independencia Concepción Bona.

Las principales efemérides patrias que componen este mes incluyen:

El 2 de julio se conmemora el día de Concepción Bona, quien junto a María Trinidad Sánchez bordó la primera Bandera Nacional.

El 3 de julio se recuerda la Batalla de la Barranquita, que tuvo lugar hace 102 años en Mao, cuando tropas compuesta por patriotas dominicanos comandado por el Gral. Carlos Daniel y el Capitán Máximo Cabral, hicieron resistencia heroica al ejército invasor Yanqui que avanzaba desde Montecristi.

El 4 de julio muere fusilado el Prócer Francisco del Rosario Sánchez.

El día 10 de julio de 1865 las tropas españolas iniciaron el proceso de evacuación del territorio dominicano cumpliendo el Real Decreto del 3 de marzo de 1865 emitido por el gobierno español que determinó el abandono del país y anuló el pacto de anexión.

El 11 de julio 1891, es fundado en la ciudad de Santiago el primer periódico diario, “El Día”, el cual consistía en una sola hoja suelta que salía todas las tardes menos los domingos. Fueron sus directores Ulises y Augusto Franco Bidó.

12 de julio, se cumplen 91 años de la desocupación del territorio nacional por parte de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, y del nacimiento de lo que en la Historia Dominicana se conoce como la Tercera República.

El 15 de julio de 1876 muere en Caracas, Venezuela, el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

16 de julio conmemoración de la fundación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria.

El 18 de julio de 1912, el Presidente Eladio Victoria promulgó la ley que establece el idioma español como lengua oficial de República Dominicana.

El proyecto fue convertido en ley luego de que lo sometiera al Congreso el licenciado Ramón O. Lovatón.

20 de Julio de 1844 Juan Pablo Duarte, es proclamado presidente de la República.

21 de julio de 1856 – Nace el poeta Emilio Prud’Homme autor de la letra del Himno Nacional Dominicano.

 

La seguridad hídrica no admite más demora

La seguridad hídrica no admite más demora

La seguridad hídrica debe convertirse en una prioridad nacional. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible cuando sus fuentes de agua se deterioran aceleradamente y las políticas para protegerlas resultan insuficientes.

En República Dominicana, la degradación de las cuencas hidrográficas ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción de energía y la estabilidad económica.

 La comprensión de lo crucial que son las cuencas hídricas para el manejo sostenible de uno de los recursos más esenciales para la vida, el agua, debe llevarnos a adoptar todas las medidas necesarias para protegerlas.

Una cuenca hídrica es el territorio donde toda el agua de lluvia drena hacia un mismo cuerpo de agua, como un río, lago o embalse. Existen dos tipos principales: la cuenca hidrográfica, que comprende únicamente las aguas superficiales, y la cuenca hidrológica, que incluye tanto las aguas superficiales como las subterráneas.

La importancia de las cuencas va mucho más allá de su función como sistemas naturales de drenaje. Desempeñan un papel esencial en el ciclo hidrológico, captando, almacenando y distribuyendo el agua de lluvia. Gracias a ello, garantizan el abastecimiento de agua potable, sustentan la agricultura, posibilitan la generación de energía hidroeléctrica, conservan la biodiversidad y contribuyen a prevenir desastres naturales como inundaciones y sequías.

Cada cuenca está integrada por subcuentas y microcuencas que conforman un sistema interconectado.

Las cuencas saludables funcionan como filtros naturales, impidiendo que sedimentos y contaminantes lleguen a los ríos, lagos y acuíferos. Sin embargo, las actividades humanas pueden alterar gravemente este equilibrio, afectando tanto la cantidad como la calidad del agua disponible.

En República Dominicana existen 30 grandes cuencas hidrográficas, 17 cuencas costeras y 18 subcuencas principales. La degradación de estos sistemas constituye una grave crisis socioambiental y de salud pública. En las últimas tres décadas han desaparecido alrededor de 700 ríos y arroyos, poniendo en riesgo la seguridad hídrica, la producción de alimentos, el abastecimiento de agua para la población y, en consecuencia, la estabilidad y el desarrollo del país.

Entre las principales causas de esta degradación se encuentran la deforestación, el conuquismo practicado sin criterios de sostenibilidad, la extracción de agregados de los ríos, la contaminación por desechos sólidos y residuos químicos, las aguas residuales y la expansión urbana desordenada.

La pérdida de cobertura forestal en las cuencas provoca que grandes cantidades de sedimentos lleguen a las presas, reduciendo su capacidad de almacenamiento y acelerando su deterioro, lo que disminuye considerablemente su vida útil.

Los bosques desempeñan un papel determinante en la protección de las cuencas. Los árboles liberan vapor de agua hacia la atmósfera, favoreciendo la formación de nubes y las precipitaciones. Asimismo, interceptan la lluvia, facilitando la infiltración y la recarga de los acuíferos en lugar de permitir un rápido escurrimiento superficial.

La percolación, es decir, el movimiento del agua a través del suelo, constituye un proceso fundamental para la filtración y recarga de los acuíferos. Para ello son indispensables los suelos permeables, cuya conservación depende en gran medida de la cobertura vegetal.

Los bosques actúan como filtros naturales al retener sedimentos, nutrientes y contaminantes antes de que alcancen los cuerpos de agua. Sus raíces estabilizan el suelo y reducen la erosión, mientras que su capacidad para absorber y almacenar grandes volúmenes de agua ayuda a disminuir el impacto de las inundaciones. Además, proporcionan hábitat a una gran diversidad de especies, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Necesitamos cuencas saneadas, protegidas, restauradas y reforestadas; libres de contaminación y de conflictos de uso del suelo. Solo así el bosque podrá seguir protegiendo el suelo que alimenta los ríos, mantener caudales estables y garantizar el suministro permanente de agua que demandan los acueductos, las centrales hidroeléctricas, los sistemas de riego y las actividades productivas.

La seguridad hídrica debe convertirse en una verdadera política de Estado. Es urgente fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección, conservación, restauración y manejo integral de las cuencas hídricas.

Proteger las cuencas es proteger el agua, la biodiversidad, la producción agrícola, la infraestructura hidráulica y, en definitiva, el futuro de República Dominicana.

El momento de actuar es ahora, mañana podría ser demasiado tarde.

 

Por Carlos Checo Estrella