Democracia e institucionalidad: bases
del desarrollo simétrico
Carlos checo Estrella
Transcurrido ya un cuarto del siglo XXI, República Dominicana
continúa enfrentando problemas estructurales que limitan sus posibilidades de
alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo.
La pobreza, la desigualdad social y territorial y la
distribución inequitativa de las oportunidades siguen siendo expresiones de una
debilidad institucional que el país no ha logrado superar plenamente.
A 62 años del final de la dictadura, continúa pendiente la
tarea histórica de consolidar plenamente la democracia, fortalecer el Estado de
derecho y construir instituciones capaces de hacer que la ley prevalezca de
manera constante por encima de intereses particulares, coyunturales o de turno.
Una democracia se consolida cuando las instituciones
funcionan, cuando las leyes se cumplen, cuando los ciudadanos tienen
garantizados sus derechos y cuando el Estado actúa para procurar el bien común.
La debilidad institucional tiene consecuencias concretas
sobre la vida de la población. Una sociedad que no logra acumular el capital
humano necesario para crecer con equidad termina reproduciendo sus propias
desigualdades.
Persisten carencias que demandan políticas públicas eficaces
y sostenidas: alimentación adecuada, acceso al agua potable, suministro
confiable de electricidad, viviendas dignas, educación de calidad, salud integral,
seguridad ciudadana, empleo y protección social.
Factores estructurales y políticas públicas equivocadas
continúan dificultando que República Dominicana pueda superar con mayor rapidez
sus vulnerabilidades y convertir el crecimiento económico en bienestar general.
En las últimas décadas, el país ha avanzado en la
construcción de un marco jurídico destinado a orientar la acción del Estado
hacia el desarrollo. La Constitución de 2010, la creación del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (inexplicablemente abolido), la Estrategia
Nacional de Desarrollo y la legislación ambiental constituyen instrumentos
fundamentales para ordenar las políticas públicas y establecer
responsabilidades institucionales.
La Constitución de 2010 dio un paso trascendental al definir
a República Dominicana como un Estado
Social y Democrático de Derecho.
El Estado Social y Democrático de Derecho coloca la dignidad
humana en el centro de la acción pública.
Obliga a los poderes públicos a proteger los derechos fundamentales,
promover la igualdad real, garantizar el acceso a servicios esenciales y
someter el ejercicio del poder a la Constitución y las leyes.
El Estado no puede limitarse a garantizar libertades formales
mientras grandes sectores de la población carecen de las condiciones materiales
indispensables para ejercerlas plenamente. La democracia política pierde
contenido cuando la desigualdad económica y social restringe las posibilidades
reales de participación y progreso.
De ahí que gobernar bajo un Estado Social y Democrático de
Derecho implique asumir responsabilidades concretas frente a la pobreza, la
exclusión y la marginalidad.
Las sociedades que alcanzan mayores niveles de prosperidad
son aquellas que construyen instituciones inclusivas, que permiten a la mayoría
participar en la economía y en la vida política, acceder a oportunidades y
desarrollar sus capacidades. Por el contrario, las instituciones extractivas
concentran el poder y la riqueza en manos de unos pocos, restringen las
oportunidades de las mayorías y terminan reproduciendo ciclos de pobreza,
exclusión y estancamiento.
La existencia de instituciones extractivas resulta
incompatible con el propósito constitucional de construir un Estado Social y
Democrático de Derecho.
Por eso es imperativo establecer mecanismos efectivos de
responsabilidad institucional dentro del gobierno y orientar el gasto público
hacia la satisfacción material de los derechos sociales: vivienda, educación,
salud, trabajo, seguridad social y otros derechos fundamentales.
El presupuesto público debe ser una herramienta de desarrollo
humano y de reducción de las desigualdades.
El crecimiento económico sostenido y la elevación del nivel
de vida de los ciudadanos requieren instituciones sólidas, transparentes e
inclusivas.
No puede existir desarrollo equilibrado si unas regiones
concentran oportunidades mientras otras permanecen rezagadas. La inequidad
territorial es también una forma de desigualdad social.
Por ello resulta indispensable mejorar la asignación de
recursos públicos hacia las comunidades y regiones con mayores necesidades, para
fortalecer las capacidades locales y crear las condiciones para que el
desarrollo no se concentre exclusivamente en determinados territorios.
La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye uno de los
principales instrumentos de planificación del país. Define una visión de nación
orientada hacia el año 2030 y plantea objetivos vinculados con la prosperidad,
la democracia participativa, la justicia social, la institucionalidad y el
desarrollo sostenible.
Resulta difícil comprender que, teniendo el país un
instrumento de esta naturaleza, muchas decisiones públicas continúen
respondiendo a la improvisación, a la coyuntura política o a intereses particulares.
La planificación debe convertirse en política de Estado.
No hay razón para seguir desconociendo el valor de la
Estrategia Nacional de Desarrollo como instrumento para orientar las decisiones
nacionales hacia el bienestar colectivo.
República Dominicana necesita transformar su modelo de
desarrollo para hacerlo más incluyente, generador de igualdad de oportunidades
y respetuoso del medio ambiente.
Gobernar debe ser un acto consciente de servicio público.
El ejercicio del poder debe estar orientado a construir
bienestar, fortalecer las instituciones y reducir las asimetrías existentes
entre ciudadanos, comunidades y regiones. Fortalecerlas significa cumplir la
Constitución y las leyes; hacer funcionar las instituciones; garantizar
derechos; combatir la corrupción y la impunidad; planificar el desarrollo;
utilizar responsablemente los recursos públicos y gobernar para el bienestar
general.
República Dominicana tiene ante sí el desafío de convertir el
crecimiento económico en desarrollo humano, y el desarrollo e bienestar
compartido.
Para lograrlo, debemos corregir las asimetrías, enfrentar
decididamente la pobreza y la desigualdad y construir instituciones que
amplíen, y no restrinjan, las oportunidades.
El país necesita instituciones que funcionen, una democracia
que se profundice y políticas públicas que coloquen a las personas en el centro
de las decisiones.
Porque, en definitiva, la institucionalidad y la democracia no son fines separados del
desarrollo: son las bases sobre las cuales puede construirse un desarrollo
verdaderamente simétrico, inclusivo y sostenible
