jueves, 21 de mayo de 2026

Temporada ciclónica: Los desastres no son naturales

 

Temporada ciclónica: Los desastres no son naturales

Por Carlos Checo Estrella

“Gestión del Riesgo es la reducción anticipada de los impactos negativos que podrían generar los desastres en el futuro”.

Estamos a las puertas de la temporada ciclónica y en nuestro país seguimos sin aplicar medidas de reducción de vulnerabilidades ni otras acciones para una gestión efectiva del riesgo de desastres.

La gestión del riesgo de desastres consiste en la aplicación de políticas y estrategias para prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y gestionar los riesgos residuales, contribuyendo así al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas ocasionadas por los desastres. -Naciones Unidas.

El próximo 1 de junio inicia la temporada ciclónica, y nos encontrará con mayor vulnerabilidad que en temporadas anteriores.

Hace tiempo que se detectan sesgos cognitivos en nuestra sociedad, en especial en las élites de poder. Desde la más simple racionalidad no es posible explicar que, en República Dominicana, dado el historial de desastres ocurridos, no se actúe en consecuencia y se apliquen los protocolos internacionales antes, durante y después de estos eventos.

Nuestras autoridades incumplen la responsabilidad de elevar a grados óptimos los niveles de seguridad de nuestras comunidades. No hacen esfuerzos suficientes para proteger a la población, para que los ciudadanos se sientan seguros viviendo en su comunidad, sin importar lo que la naturaleza presente.

La combinación de impactos de fenómenos atmosféricos con la realidad social, económica y ambiental de nuestras comunidades ocasiona, año tras año, numerosas calamidades.

Situados en la ruta de los huracanes y con elevado riesgo sísmico, y sumado a la pobreza y la alta desigualdad, nuestro país es una de las 10 naciones más vulnerables a desastres por fenómenos naturales del planeta.

Si bien las autoridades no pueden evitar los fenómenos meteorológicos, tienen la obligación de procurar el menor impacto negativo posible en la gente y el territorio.

“Prevenir es mejor que remediar”. Es imperativo realizar acciones encaminadas a anticiparse y mitigar los probables efectos de potenciales desastres.

En República Dominicana, la reducción de riesgos de desastres no es una prioridad de las políticas públicas, a pesar de la alta vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales. Esto ocurre a pesar de la existencia de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.

La baja institucionalidad democrática y la precaria vigencia del Estado de derecho determinan nuestro presente y futuro, dado el bajo nivel de cumplimiento del deber por parte de las autoridades. Existe una ley sobre Gestión de Riesgos, la 147-02, que tiene 20 años siendo desobedecida.

Las autoridades no prestan atención a los estudios y recomendaciones de Naciones Unidas, que señalan el impacto desproporcionado que tienen los desastres naturales en naciones pobres e instan a tomar acciones urgentes para disminuir la vulnerabilidad frente a estos eventos en los territorios y en la población.

República Dominicana no hace honor al compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres de 2005, celebrada en Hyogo, Japón, en la que reafirmó su compromiso con la disminución de riesgos de desastres, enfocándose en el desarrollo sostenible, la justicia climática y la protección de zonas vulnerables.

También incumple la Declaración de Punta del Este, resultante de la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, Uruguay 2023, en la que se comprometió, entre otras cosas, a incorporar la gestión de riesgo y el cambio climático en la planificación y la inversión pública.

Para salvar vidas y proteger bienes y propiedades, cada vez es necesario dejar atrás la cultura de gestión de desastres y asumir la gestión de riesgos de desastres, poniendo en ejecución los programas y acciones del Plan Nacional de Reducción. Su objetivo concreto es la reducción, previsión y control de los factores de riesgo, amenazas y vulnerabilidades en República Dominicana.

Debemos tener presente que, para reducir las vulnerabilidades, es necesario reducir la pobreza y la desigualdad, ya que son factores clave de vulnerabilidad al limitar la capacidad de las personas para construir viviendas seguras, acceder a seguros, evacuar o recuperarse económicamente después de un desastre.

Los desastres agudizan la pobreza al causar la pérdida parcial o total de los medios de subsistencia, creando un círculo vicioso de pérdidas y empobrecimiento que obstaculiza el desarrollo. Los escasos avances conseguidos se ven mermados por los constantes desastres. Los impactos económicos de las pérdidas conllevan retroceso en los niveles de desarrollo alcanzados.

La gestión del riesgo de desastres no es solo una necesidad, sino una responsabilidad. Invertir en prevención y preparación no solo salva vidas, sino que también protege la economía, preserva el patrimonio cultural y asegura un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Ojalá quienes toman las decisiones que afectan al conjunto hagan lo que deben hacer para que, en la temporada ciclónica de 2027, no nos encuentre en condiciones tan precarias y estemos mejor preparados para evitar las graves y cuantiosas pérdidas que acarrean los fenómenos naturales.

 

lunes, 11 de mayo de 2026

Nuestras enfermeras y enfermeros, Merecen respeto

 Nuestras enfermeras y enfermeros, Merecen respeto 

 

Por Carlos Checo Estrella

La enfermería una profesión muy sacrificada, mal pagada e ignorada.

Homenaje y reconocimiento permanentes al compromiso, el sacrificio, la sensibilidad y la vocación, de quienes ejercen esa noble ocupación.

Cada 12 de mayo el mundo celebra a la enfermería. En República Dominicana no hay nada que celebrar.

Tenemos una profesión en emergencia. Sacrificada hasta el límite, mal pagada e ignorada. Mientras aplaudimos cada año en mayo, el resto del año el Estado le da la espalda a quienes sostienen el sistema de salud.

La enfermería no pide favores. Exige justicia. Porque sin enfermeras y enfermeros no hay hospitales que funcionen, no hay atención primaria que responda y no hay salud pública que se sostenga. Como dijo Kerouac en 1996, su labor preserva la vida desde lo humano, lo ético y lo terapéutico. Y como advirtió Grace H. en 2000, son el eje que mantiene unidas las piezas del sistema. Hoy ese eje se quiebra.

Los gremios no exageran cuando hablan de situación catastrófica. Hablan de salarios que no alcanzan para vivir, de acuerdos firmados que el Gobierno incumple sin sonrojarse y de una sobrecarga que enferma al que cuida. Turnos rotatorios, noches sin fin, cambios de servicio sin aviso, decisiones críticas bajo presión y exposición constante a riesgos biológicos, químicos y físicos. Ese es el día a día.

El resultado se veía venir: déficit crítico de personal. Una enfermera para decenas de pacientes. Calidad que se desploma. Salud mental y física del personal que se deteriora. Y una frase que ya define al sector: malestar de los enfermeros. No es queja. Es colapso.

Por eso emigran. Por eso abandonan. Cada profesional que se va es una cama sin atención, una vacuna sin aplicar, un parto sin asistencia. El Estado pierde dos veces: pierde talento formado con fondos públicos y pierde la capacidad de cuidar a su gente.

Las demandas no son nuevas. Llevan décadas engavetadas: salarios dignos, pensiones justas, reclasificación y nivelación salarial para más de dos mil profesionales, aplicación automática del tiempo en servicio, incentivos por antigüedad, nombramientos urgentes e infraestructura que no se caiga a pedazos. Nada de eso es un lujo. Es lo mínimo para trabajar.

Un personal maltratado no puede dar atención de calidad. Esa es la ecuación que las autoridades se niegan a resolver. Y mientras tanto, la salud dominicana sigue siendo cara, excluyente e incapaz de garantizar acceso oportuno a la mayoría.

Por eso el paro del 18 y 19 de mayo no sorprende. Es la respuesta lógica a años de indolencia. Los gremios no paran labores por capricho. Paran porque el sistema ya está parado para quienes no tienen con qué pagar una clínica.

El 12 de mayo debería ser fecha de compromiso, no de discursos vacíos. Si el Gobierno quiere honrar a la enfermería, que empiece por pagarle lo justo, por cumplir lo firmado y por entender algo básico: sin enfermeras y enfermeros no hay futuro.

El futuro del cuidado depende de ellos. Si los perdemos, perdemos todos. Y esa factura la pagará el pueblo, con vidas

Santo Domingo en alerta: el cemento avanza y los espacios verde

Santo Domingo en alerta: el cemento avanza y los espacios verde (fragmento)

Menos árboles, más asfalto, la ciudad de Santo Domingo pierde su equilibrio

Adalberto de la Rosa, Diario Libre


 



martes, 5 de mayo de 2026

La jubilación es un derecho humano

 La jubilación es un derecho humano


Por Carlos M. Checo Estrella

La pensión digna es justicia social. Aunque en República Dominicana se

confundan con caridad opcional, las pensiones tienen un objetivo

fundamental: prevenir la privación económica y garantizar una vejez

digna.

Asegurar ingresos tras el cese de la vida laboral no es solo una medida

administrativa; es el mecanismo principal de protección social para

amparar a las personas contra los riesgos y vulnerabilidades asociados al

paso del tiempo.

Etimológicamente, la palabra pensión deriva del latín pensio ‘pago’,

mientras que jubilación proviene de jubilare, que significa ‘gritar de

alegría’. Este término nació del retiro militar, cuando los soldados

celebraban el fin de su etapa exponiendo la vida en el ejército. Hoy, la

jubilación es un derecho adquirido por los trabajadores que alcanzan la

edad de retiro o cumplen un tiempo de servicio determinado.

El derecho a la seguridad social está establecido en el derecho

internacional. Fue proclamado en los artículos 22 y 25 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual establece que toda

persona tiene derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

para su bienestar y el de su familia.

La protección de los mayores no es una idea nueva. Las primeras

pensiones se registran en el Imperio romano, donde el emperador

Octavio Augusto creó el Aerarium Militare para recompensar a los

veteranos tras la profesionalización del ejército.

Siglos después, en 1889, surgió en Alemania el primer sistema moderno

de jubilación. Su ideólogo fue el canciller Otto von Bismarck, quien diseñó

el primer sistema de seguridad social para la vejez, asegurando una

pensión para los trabajadores a partir de los 70 años. Este hito se

complementó con los seguros de enfermedad y accidentes creados en

1883 y 1884, sentando las bases del Estado de bienestar.

En nuestro país, el sistema de pensiones tiene raíces profundas que se

remontan a 1846, con la Ley Núm. 79, que asignaba pensiones a militares


de 60 años o con 40 años de servicio, estableciendo además un "Monte de

Piedad" para viudas y huérfanos.

Posteriormente, la Ley Núm. 1896 de 1948 sobre Seguros Sociales

institucionalizó el régimen basado en la solidaridad y el esquema de

reparto. Otros hitos legales incluyen la Ley 5185 de 1959 sobre Pensiones

Civiles y la Ley Núm. 379-81, que regula las jubilaciones de los

funcionarios y empleados públicos.

A pesar de este marco histórico y legal, la realidad actual es preocupante.

Las pensiones son un elemento central del bienestar, pero su efectividad

depende de si permiten una vida digna. En la República Dominicana, las

deficiencias son alarmantes:

El Séptimo Informe Estado de la Región 2025 revela que el 85% de los

adultos mayores pensionados en el país recibe pensiones insuficientes.

Las pensiones "pírricas" agudizan la indigencia y fomentan la desigualdad.

Muchos sistemas actuales provocan una pérdida constante del poder

adquisitivo y, lo que es más grave, ni siquiera incluyen cobertura médica

adecuada.

Un llamado a la legalidad

Tener o no una pensión digna marca la diferencia entre la autonomía y la

dependencia en la última etapa de la vida. Bajo las condiciones actuales,

los montos en República Dominicana son insuficientes para garantizar la

supervivencia básica.

Es urgente reformar el sistema de pensiones nacional. Solo mediante la

automatización de la gestión y una ejecución transparente se podrán

corregir las distorsiones actuales y cumplir con el fin último del Estado:

procurar la protección, la justicia social y la dignidad de todos sus

ciudadanos.