Nos encontramos en los albores del último cuatrimestre del año; en octubre se presenta el Proyecto Presupuesto Nacional.
El 2020 está
finalizando lo que nos hace echar una mirada al próximo año.
El 2021 encontrará a República Dominicana además de la pandemía del COVID 19, con asuntos pendientes cuyo
abordaje y superación traerá altos beneficios para el país y su gente;
por lo que se hace necesario que prioricemos el desarrollo de una agenda
en la que se aborden cuestiones claves que ameritan ser resueltas sin
dilación.
Esta agenda debe ser sostenida por la Ley de Presupuesto General del
Estado para el 2021
El presupuesto público es la herramienta que
posibilita la consecución anual de los objetivos y metas de corto,
mediano y largo plazo; así como la gestión eficiente de los recursos
públicos en función de las prioridades del desarrollo nacional como
manda la Carta Magna.
Uno de los principales retos de la nación es acentuar los esfuerzos
para la ejecución efectiva y plena de La Estrategia Nacional de
Desarrollo, que es la guía en el camino para la consecución del Estado
Social y Democrático.
En el área legislativa hay asuntos postergados que son prioritarios, sigue pendiente la aprobación de una serie de leyes y reglamentos que
permitirán el pleno desarrollo de la Constitución.
En el próximo año debemos encarar sin más dilación la elaboración e
implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial, para dotar al país
de un instrumental que regule efectivamente el uso del territorio según
su vocación; facilitando una mejor gestión de su desarrollo en procura
de alcanzar una República Dominicana equilibrada, integrada, sustentable
y socialmente justa.
Dado el alto impacto social y económico que causan los recurrentes
desastres naturales en nuestro país, es pertinente fortalecer y
desarrollar las instituciones coordinadoras de las gestiones de
prevención, mitigación y respuestas ante desastres. Sin perder de vista
que más importante aún es: trabajar a fondo para reducir las
vulnerabilidades que persisten en nuestro país.
Debe ser prioritario activar los Consejos Regionales, Provinciales y Municipales
de Desarrollo, contenidos en la Ley 498-06, de planificación e Inversión Pública.
Para que el Presupuesto del 2022 supere los anteriores, apuremos la
conformación de los Consejos Municipales, Provinciales y Regionales de
Desarrollo, lo que nos permitirá planificar desde el territorio, uno de
los indicativos de la Ley de Planificación e Inversión Pública no.
498-06 y su reglamento.
Sin los Consejos Municipales de Desarrollo, sin los Consejos
Provinciales de Desarrollo, sin el funcionamiento de las Oficinas
Municipales de Planificación, no se puede dar cumplimiento total a la
Ley de Planificación e Inversión Pública.
Estamos compelidos a mejorar aspectos en la conservación y el manejo
de los Recursos Naturales y garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Hemos de ser rigurosos en la aplicación y observación de la
Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se ha planteado el agua como uno de sus ejes fundamentales en la
República Dominicana por lo que es indispensable trabajar apegados al
marco regulador en la conservación y mejoramiento de las fuentes
pluviales, siendo prioritario la conservación y a la recuperación de las
cuencas hidrográficas.
Se hace urgente y necesario destinar mayores esfuerzos y los recursos
necesarios para acometer un programa de forestación intensiva en todo
el territorio nacional, que cubra las montañas, cuencas, riberas de
ríos, lagos y arroyos. y proteger los suelos evitado su degracación.
En el ámbito municipal debe cumplirse la Ley 176-07, procurar el
fortalecimiento de las capacidades de gestión de los cabildos. Por lo
que se deben abrir las Oficinas Municipales de Planificación y
Programación para la formulación de los Planes Municipales de
Desarrollo, que establece la Ley 176-07; así como las Unidades
Municipales de Gestión Ambiental, para una gestión ambiental desde el
ámbito local, dentro del marco de la Ley 64-00.
Tenemos por delante todo un año en el que debemos trabajar con
audacia, entrega y voluntad, para que nada nos impida reducir las
asimetrías entre provincias y entre personas; seguir avanzando hasta
conseguir el acceso total a la salud, fortalecer los programas de
educación y formación laboral, construir hábitats saludables con
viviendas dignas, con suministro de agua potable y saneamiento adecuado,como lo contempla nuestra Constitución.
