Sequía y seguridad hídrica: una crisis que no admite improvisaciones

 

Sequía y seguridad hídrica: una crisis que no admite improvisaciones

Carlos Checo Estrella

La sequía que afecta a la República Dominicana comienza a hacer mella en la producción agropecuaria nacional. La reducción de los rendimientos, las pérdidas de cultivos, la menor disponibilidad de agua y las dificultades para alimentar al ganado están incrementando la presión sobre productores agrícolas y ganaderos, con el riesgo de que sus efectos terminen trasladándose progresivamente a los precios de los alimentos.

La falta de lluvias durante el ciclo primavera-verano, agravada en los últimos dos meses, ha elevado considerablemente la presión sobre distintas áreas de la producción agropecuaria. Productores de diferentes regiones enfrentan pérdidas y mayores dificultades para disponer del agua necesaria para mantener sus cultivos y garantizar la alimentación del ganado.

Como suele ocurrir ante este tipo de situaciones, la crisis encuentra al país sin una respuesta gubernamental suficientemente oportuna y efectiva para aminorar sus consecuencias. Lo más preocupante es que la sequía no constituye un fenómeno completamente inesperado. Con suficiente anticipación, organismos meteorológicos internacionales habían advertido sobre la alta probabilidad de condiciones climáticas adversas asociadas a la variabilidad climática y a fenómenos como El Niño.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿por qué el país continúa reaccionando ante las crisis hídricas en lugar de anticiparse a ellas?

La seguridad hídrica es un asunto nodal para cualquier nación y como tal, debe ser tratado con absoluta seriedad.

Garantizar la disponibilidad y calidad del agua para las presentes y futuras generaciones constituye una responsabilidad esencial del Estado.

Sin embargo, República Dominicana continúa enfrentando graves deficiencias en la gestión de sus recursos hídricos. No existe todavía una política suficientemente eficiente, integral y sostenible que garantice agua en cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano, la producción agrícola, las actividades industriales y la generación de energía.

La situación resulta todavía más preocupante cuando se observa el estado de nuestras cuencas hidrográficas, cuerpos de agua e infraestructura de distribución y canalización. Su deterioro representa una amenaza directa para el abastecimiento presente y futuro.

De forma reiterada se ha denunciado ante la opinión pública lo que se considera una preocupante falta de atención de las autoridades frente al deterioro acelerado de las cuencas hidrográficas y de los sistemas vinculados al aprovechamiento y distribución del agua.

A ello se suma un problema estructural: las elevadas pérdidas de agua en los sistemas de distribución y en el uso agrícola y doméstico. Se ha señalado que hasta un 70 % del agua servida puede desperdiciarse, una situación que resulta inadmisible para un país que enfrenta periódicamente períodos de sequía y que necesita preservar cada vez con mayor rigor sus recursos hídricos.

Nuestras cuencas hidrográficas presentan niveles preocupantes de degradación como consecuencia de años de deterioro ambiental, deforestación, contaminación, extracción indiscriminada de materiales y otras actividades que afectan los ecosistemas responsables de la captación, almacenamiento y regulación del agua.

También se observa un deterioro acelerado de ríos, arroyos, lagunas y otros cuerpos de agua, afectados por acciones ilegales que, en numerosos casos, no reciben una respuesta suficientemente firme y sostenida de las autoridades correspondientes.

Esta situación coloca al país ante el riesgo de una crisis de escasez de agua cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales podrían ser incalculables.

La protección de las cuencas hidrográficas no puede continuar siendo tratada como un asunto secundario. De su conservación depende el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos, la generación de energía, la preservación de los ecosistemas y, en sentido general, la seguridad hídrica de la República Dominicana.

Estamos asistiendo a un proceso de degradación permanente de importantes fuentes de agua, poniendo en riesgo no solamente las necesidades del presente, sino también las posibilidades de las futuras generaciones.

Por ello, la seguridad hídrica debe convertirse en una prioridad nacional, las autoridades del Gobierno deben asumir plenamente su responsabilidad en la gestión del agua.

Es necesario pasar de las declaraciones a las acciones concretas: proteger las cuencas hidrográficas, recuperar los cuerpos de agua degradados, modernizar los sistemas de distribución y canalización, reducir drásticamente las pérdidas, mejorar la eficiencia del riego agrícola y garantizar una planificación hídrica capaz de anticipar los períodos de sequía.

El país no puede continuar enfrentando cada sequía como si se tratara de un acontecimiento inesperado. La prevención, la planificación y la inversión en infraestructura y conservación deben formar parte de una política permanente de Estado.

República Dominicana tiene enormes desafíos en materia de gestión de los recursos hídricos. Es urgente actuar con seriedad sobre la conservación, producción, distribución y uso eficiente del agua.

De no ejecutarse con urgencia, intervenciones capaces de garantizar el suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad, el país podría verse abocado a una crisis de consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud.

La respuesta no puede limitarse a promesas ni a la generación de falsas expectativas. El agua no espera. La sequía tampoco.

República Dominicana necesita una política nacional de seguridad hídrica que trascienda coyunturas políticas y gobiernos. Porque proteger el agua hoy no es solamente atender una emergencia: es garantizar la producción de alimentos, proteger la economía y asegurar la vida de las futuras generaciones.

Es hora de poner el agua en el centro de las prioridades nacionales y sustituir las promesas por acciones concretas, sostenibles y verificables.